Parte 1 de la respuesta de Somos Todos Uruguayos

Andrew Scott Mansfield

Permíteme intentar abordar cada una de las preguntas. Pero primero, quiero decir nuevamente a la delegación del Estado de Uruguay, gracias por estar aquí.

Como creo que cada uno de nosotros en nuestra declaración hoy ha indicado, elegimos Uruguay. Vinimos al estado porque queríamos ser parte de esta cultura, este sistema, este conjunto establecido de leyes y una historia. Tenemos una historia gloriosa, y la historia constitucional también es un debate asombroso. Vine a la audiencia hoy recordándome a mí mismo y diciéndome a mí mismo que no debatiera la Constitución. Podría sonar como si estuviera bromeando, pero no lo estoy. Tengo la copia de la Constitución de 1829 del Presidente Batlle en mi escritorio en casa, que tuve la suerte de adquirir el año pasado. Creo en nuestra historia. Creo en nuestras tradiciones constitucionales.

Pero lo que no creo es que una interpretación de la Constitución, si llegara a violar los derechos humanos fundamentales, pueda de alguna manera prevalecer sobre nuestras obligaciones internacionales.

Creo que eso es lo que cada uno de nosotros ha estado diciendo hoy.

Como uruguayos, queremos que nuestro Estado cumpla todas estas obligaciones con la ayuda de la Comisión, con nuestra ayuda. Haremos todo lo que podamos, lo que sea necesario para avanzar en esto. Se ha estancado durante tanto tiempo con los dos proyectos de ley.

Los dos proyectos de ley no llegaron a ningún lado. Teníamos muchas esperanzas. Sigo teniendo esperanzas, pero no veo que haya una acción rápida. Y al igual que la situación en Guatemala con respecto a los derechos de las mujeres, no podemos seguir retrocediendo una y otra vez durante años así mientras la gente vive en esta condición.

Para responder cada una de las preguntas, también me preocupa los derechos de nuestros niños. Sé que Alexis hablará más sobre esto en un momento. Pero tenemos esta brecha. Esta brecha es tremenda. La ciudadanía en sí misma no otorga la nacionalidad.

Eso es de lo que vinimos a hablar hoy. Ha estado oculto. Ha sido oscurecido porque usamos la palabra ciudadanía. Y para el resto del mundo, como dice la Resolución 2/23, esas son aproximadamente sinónimas. En los Estados Unidos, creo que llamaríamos a lo que llamamos ciudadanos legales en Uruguay, en los Estados Unidos llamaríamos los derechos de ciudadanías: el derecho a votar, a participar, a ocupar cargos, a regresar al Estado, y en nuestro caso, a tener un pasaporte.

Pero no muestra que somos uruguayos. No somos miembros de la cultura. No somos miembros de la identidad de Uruguay en este momento. Y se nos recuerda constantemente.

Pero nuestros hijos sufren las consecuencias porque no tienen ni ciudadanía ni nacionalidad. E incluso si pudieran adquirir la ciudadanía a los 18 años, aún así no serían nacionales. Es una doble brecha. Eso es lo que quiero decir.

Hablamos de cuáles son los impactos económicos, sociales y culturales en el país. Mientras no puedo elogiar lo suficiente a nuestro país, al mismo tiempo, debo decir nuevamente que ser identificado, ser segregado, que te digan de niño que no puedes representar al país en un equipo aunque hayas venido aquí cuando tenías seis meses de edad, sientes que creciste aquí. Eres uruguayo en tu corazón, pero no eres uno de nosotros.

Ese es el mensaje una y otra vez. Cuando volamos de regreso a Carrasco, somos forzados a la línea de extranjeros como adultos. Y nuestros hijos, por supuesto, esta segregación produce una especie de exclusión social desde temprana edad.

Realmente es doloroso. No se siente así para nuestros hermanos y hermanas en Uruguay que tienen la suerte de ser ciudadanos naturales, pero ser constantemente clasificados, identificados, segregados es en sí mismo una lesión. Lo llevamos. Nuestros hijos lo llevan. No hay razón para ello. Y estoy contento hoy de que estemos avanzando tanto. Y sé que todos estamos en el mismo lugar en lo que queremos para el país.

Pero a medida que avanzamos, debemos pensar juntos.

Mi tutor en la Universidad de Montevideo es el Dr. Ruben Correa Freitas, a quien tengo el mayor respeto. Y sé que él y yo discrepamos en el fondo sobre este tema, y probablemente nunca habrá un entendimiento mutuo sobre esto. Eso está bien. Eso está bien.

Sé que un texto legal de 1946 ha tomado nuestro espacio mental en nuestro país. Es el volumen 2, lo llamamos tomo II, de la Constitución Nacional, originalmente una versión mecanografiada para la instrucción en una clase. También tengo el manuscrito mecanografiado de 1946, con el proyecto de ley propuesto por el autor en 1946 sobre cómo segregar aún más la ciudadanía legal.

Honestamente, no creo, y pronto dejaré de hablar y cederé el turno, no creo que podamos tomar esta posición como nación. No es justificable, un derecho humano

fundamental, no derogable, que ahora está identificado en la Resolución 2/23. Todo el derecho jurisprudencial que hemos podido reunir, todo el derecho jurisprudencial que ACNUR nos ayudó a recopilar en términos de simplemente señalar el camino, la Corte Interamericana tiene una rica tradición.

Pero ahora la Resolución 2/23 toma esa rica tradición, todos los casos, el caso dominicano especialmente, lo pone justo frente a nosotros, punto por punto, que es lo que intenté hacer en el sitio web especializado que desplegamos para esta audiencia. Intentamos tomar cada una de esas partes relevantes de la Resolución 2/23 y compararlas con los impactos en el terreno de lo que sucede cuando un Estado no las sigue.

Hay una conferencia la próxima semana en la que participaré por Zoom en la que el Comisionado Pochak explicará aún más sobre la Resolución 2/23. Lo que no quiero es que nuestro Estado, nuestro país, nuestra gente, sea el ejemplo del Estado que no cumple hoy.

Permíteme decir esto con todo respeto. Creamos personas apátridas. Nuestros ciudadanos legales que se presentan en la puerta y obtienen nuestra ciudadanía y se les despoja de su nacionalidad porque otros estados ven esto como doble nacionalidad, esos ciudadanos se convierten en seres humanos apátridas en Uruguay sin posibilidad de remedio porque hemos declarado que los ciudadanos legales no pueden solicitar protección apátrida. Obviamente lo son, pero no lo son. No podemos ser el Estado que dice que nuestros hijos simplemente no tienen derecho a la nacionalidad y la ciudadanía. Deberíamos ser el ejemplo. Somos los líderes, no los seguidores en esto.

Y el dolor que esto causa cuando la gente nos dice que todo está en nuestras cabezas, que lo estamos inventando, que somos separados pero iguales, simplemente disfruten de su igualdad, el punto es, no, no lo somos. No lo seremos. No podemos ser iguales a menos que seamos nacionales o tengamos una nacionalidad efectiva.

Yo me aferro con alguien que debería ser querido para la comisión, Alberto Pérez Pérez. Pérez Pérez escribió un muy buen artículo que incluimos en los materiales presentados desde 2009, su opinión, en la que creo. Su opinión fue, por supuesto, que los ciudadanos legales no son extranjeros. Espero que hoy podamos escucharlo.

En este momento, llamo a Alexis Ferrand.

Let me try and address each of the questions. But first, I want to say again to the delegation from the state of Uruguay, thank you for being here.

As I think each of us in our testimony today has indicated, we chose Uruguay. We came to the state because we wanted to be a part of this culture, this system, this established set of laws, and a history. We have a glorious history, and the constitutional history is also an amazing debate. I came to the hearing today reminding myself and telling myself not to debate the Constitution. It might sound like I'm joking, but I am not. I have President Battle’s 1829 copy of the Constitution on my desk at home, which I was lucky to acquire last year. I believe in our history. I believe in our constitutional traditions.

But what I don't believe in is that one interpretation of the Constitution, if it happens to violate fundamental human rights, can somehow trump our international obligations.

I think that's what each of us has been saying today.

As Uruguayans, we want our state to fulfill all of these obligations with the help of the Commission, with our help. We will do whatever we can, whatever needs to be done to move this forward. It has been stalled for so long with the two bills.

The two bills went nowhere. We were very hopeful. I remain hopeful, but I don't see there's going to be swift action. And like the situation in Guatemala concerning womens’ rights, we cannot keep going back over and over for years like this while people live in this condition.

To answer each of the questions, I am also concerned about the rights of our children. I know Alexis will speak more on this in just a moment. But we have this gap. This gap is a tremendous gap. Citizenship itself does not bring nationality.

That's what we came here today to talk about. It has been hidden. It's been obscured because we use the word citizenship. And to the rest of the world, as Resolution 2/23 says, those are roughly synonymous. In the United States, I think we would call what we call legal citizenship in Uruguay, in the United States we would call the rights of citizenships: the right to vote, to participate, to hold office, to return to the state, and in our case, to have a passport.

But it doesn't show that we are Uruguayan. We are not members of the culture. We are not members of the identity of Uruguay at the moment. And we are reminded of it constantly.

But our children bear the brunt because they have neither citizenship nor nationality. And if they could even acquire citizenship at 18, they would still not be national. It's a double gap. That's what I want to say.

We talked about what are the economic, social, cultural impacts in the country. While I cannot praise our country enough, at the same time, I must state again that to be identified, to be segregated, to be told as a child you can't represent the country on a team even though you you came here when you were six months old, you feel like you grew up here. You are Uruguayan in your heart, but you are not one of us.

That is the message over and over again. When we fly back to Carrasco, we are forced into the foreigner line as adults. And our children, of course, this segregation produces a kind of social exclusion from an early age.

It really is painful. It doesn't feel that way to our brothers and sisters in Uruguay who are fortunate enough to be natural citizens, but to be constantly classified, identified, segregated is in itself an injury. We carry it. Our children carry it. There's no reason for it. And I'm pleased today we're making so much progress. And I know we are all in the same place on what we want for the country.

But as we move forward, we must think together.

My tutor at the University of Montevideo is Dr. Ruben Correa Freitas, who I have the greatest respect for. And I know he and I disagree to the core on this issue, and there likely will never be a meeting of the minds on this. That is okay. That is okay.

I know that a 1946 legal text has taken over our mental space in our country. It's volume 2, we call it tomo II, of la Constitución Nacional, originally a typewritten version for instruction in a class. I also have the typewritten manuscript from 1946, with the author’s proposed bill from 1946 on how to segregate even further the legal citizenship.

I honestly do not believe, and I will stop and cede the floor soon, I do not believe that we can take this position as a nation. It is not justifiable, a fundamental human right, non-derogable, which is now identified in Resolution 2/23. All of the case law that we've been able to bring together, all of the case law that ACNUR helped us put together in terms of just pointing the way, the Inter-American Court has a rich tradition. But now Resolution 2/23 takes that rich tradition, all of the cases, the Dominican case especially, it puts it right in front of us, point by point, which is what I tried to do on the specialized website we deployed for this hearing. We tried to take each of those relevant parts of Resolution 2/23 and compare each to the impacts on the ground of what happens when a state does not follow them.

There's a conference next week in which I'll be participating in by Zoom in which Commissioner Pochak will be explaining even more about Resolution 2/23. What I do not want is for our state, for our country, for our people, is for Uruguay to be the example of the state that does not comply today.

Let me say this with all respect. We create stateless people. Our legal citizens who show up at the door and obtain our citizenship and are stripped of their nationality because other states see this as double nationality, those citizens become in-place stateless human beings in Uruguay with no chance of remedy because we've declared legal citizens can't apply for stateless protection. Obviously they are, but they aren't. We can't be the state that says our children just simply have no right to nationality and citizenship. We should be the example. We are the leaders, not the followers in this.

And the pain that this causes when people tell us it's all in our heads, that we're making this up, that we're separate but equal, just enjoy your equality, the point is, no, we are not. We will not be. We cannot be equal unless we are nationals or have effective nationality.

I cast my anchor with somebody who should be dear to the commission, Alberto Pérez Pérez. Pérez Pérez wrote a very good article we put in the materials that are submitted from 2009, his opinion, which I believe in. His opinion was, of course, that legal citizens are not foreigners. I hope today we might listen to him.

At this time, I call on Alexis Ferrand.